Aclaración de la Resolución N° 36 de 2024 de la Contraloría General de la República de Chile.

La Contraloría General de la República de Chile emitió la Resolución Exenta N° 36, de 2024, que establece nuevas normas sobre la exención del trámite de toma de razón, vigente desde el 1 de marzo de 2025. Esta normativa reemplaza a las resoluciones N° 6 y N° 7 de 2019, con el objetivo de optimizar el control de legalidad en la administración pública.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación del artículo 4° de la anterior normativa, que establecía la facultad del Contralor General para determinar anualmente los montos sujetos a toma de razón. Ahora, la Resolución N° 36 fija directamente los umbrales, como, por ejemplo, la obligación de toma de razón para contratos de adquisición de bienes o servicios que superen las 8.000 UTM.

Además, se modifica el alcance del control preventivo de legalidad, limitándolo a las bases administrativas generales y especiales, excluyendo las bases o especificaciones técnicas, según dispone su artículo 3. De igual forma, en el artículo 8, se introduce una nueva causal de representación: la falta de transcripción íntegra de documentos como convenios, protocolos o contratos en los actos administrativos aprobatorios.

Estas modificaciones buscan fortalecer la eficiencia del control de legalidad, priorizando actos de mayor trascendencia y riesgo, y adaptándose a los avances tecnológicos que permiten una tramitación electrónica más ágil y segura.

Importante para quienes elaboran actos administrativos

Dado que la Resolución N° 36 de 2024 reemplaza a las resoluciones N° 6 y N° 7 de 2019, es esencial que se incorpore su referencia en los vistos de los actos administrativos redactados a partir de su entrada en vigencia. De esta manera, se asegurará que los actos administrativos cumplan con la normativa vigente, evitando posibles observaciones en el proceso de control de legalidad.

Para más información, se recomienda consultar el texto íntegro de la Resolución N° 36, de 2024. 

(Por Camila Miranda Trujillo, Abogada Departamento de Control Legal)